Unas disposiciones adicionales... (I)

Esta es una historia un poco larga y probablemente muy aburrida para la mayoría...

Es también una historia triste que vuelve a poner de manifiesto quién manda aquí...

En la LEY 26/2009, de 23 de diciembre, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2010 se introdujeron las disposiciones adicionales siguientes:

• CUADRAGÉSIMA PRIMERA. Reequilibrio económico financiero de las concesiones de autopistas de peaje.
• CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. Reequilibrio económico financiero de las concesiones de obras públicas para la conservación y explotación de las autovías de primera generación.

Dichas disposiciones figuraban en el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso de los Diputados, si bien en una redacción algo más soportable que la que finalmente se aprobó con el plácet del grupo PP-PSOE-CIU...

No obstante ver y saber que en la época de la mayor crisis conocida se volvía a arreglar la vida a los concesionarios y autopisteros (los de siempre) repugnaba a cualquier alma sensible...

Y una de ellas debió ser la del diputado del partido popular Andrés José Ayala Sánchez que al respecto de dichas disposiciones incluidas en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2010, y contestando a la nada añorada Secretaria General de Infraestructuras (Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández), decía el día 6 de octubre de 2009 en la Comisión de Fomento...

"Voy a hacer una última referencia, señor presidente, a dos cuestiones que usted ha citado concretamente. Una de ellas -y voy a utilizar sus palabras si usted me lo permite- se refiere a cuando dice que se complace en anunciar la solución de las autovías de primera generación. Yo me alegraría de que hubiera sido así, pero mucho me extraña que sea así. Señora secretaria general, el problema de las autovías de primera generación, que lleva dos años, dos ejercicios, sin resolverse, parte del momento en que se adjudicaron las autovías de primera generación. 

No se pueden adjudicar obras para ser financiadas por peaje en sombra con el 40,67 por ciento de baja, el 48,85 por ciento de baja, el 43,80 por ciento de baja, el 44,27 por ciento de baja o el 33,49 por ciento de baja, la más baja de todas las adjudicaciones un 25 por ciento. Jamás la Dirección General de Carreteras tendría que haber adjudicado estas obras. Jamás. Se adjudicaron y, evidentemente, con independencia del concepto y la oportunidad hoy en día del peaje en sombra -que no sé si usted lo pone en duda, pero este grupo parlamentario sí lo pone totalmente en duda- se trata de solventar  -insisto, a los dos años de la adjudicación-, obviando los expedientes que se tendrían que haber abierto a unas concesiones que no han cumplido sus plazos administrativos y que, según mis datos, supondrían del orden de 6 ó 7 mil!ones de euros de sanciones para las empresas adjudicatarias que no han formalizado los contratos, lo que también se nos olvida. Eso lo solventan con la disposición transitoria cuadragésima segunda, en la que curiosamente vemos que se hacen dos cosas con las que no estamos de acuerdo y que evidentemente vamos a enmendar. 

Una de ellas es que durante cinco años vamos a abonar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y haciendo un bucle presupuestario, porque sería en principio gasto corriente y lo estamos metiendo en inversión, el máximo de todos los tramos que habían hecho, de las ofertas que se hab1an ejecutado -eso es lo que aparece en el punto 1 en cuanto a niveles de tráfico-; y, dos, vamos a permitir actualizar las tarifas solo con la ejecución del 20 por ciento de las obras correspondientes. Señora secretaria general, esta solución es un despropósito, porque además, dada la naturaleza de las autovías de primera generación -que no son construcción de obras completas ni de tramos completos, sino que permiten poco menos que ir haciendo pequeñas obras en el tramo adjudicado-, este 20 por ciento supone una revisión de la tarifa que es un gravamen a los Presupuestos Generales del Estado absolutamente improcedente. 

De la misma manera, señora secretaria general -y con esto ya termino absolutamente porque es mi última referencia-, en cuanto a la disposición adicional cuadragésima primera, que hace referencia al reequilibrio económico-financiero de las concesiones por autopistas de peaje por lo que se ha referido en cuanto a los valores urbanísticos que se han dado a las expropiaciones -que fue algo que surgió ex post de la propia ejecución de las radiales-, en primer lugar, echamos de menos alguna autopista, incluso a lo mejor nos sobra alguna, pero no vamos a entrar en ello ni muchísimo menos. En lo que sí vamos a entrar es en que esos préstamos participativos, cuya inversión es bastante dudosa -ya lo hemos dicho antes y no voy a insistir en ello-, lleva consigo, en primer lugar, un periodo de carencia de dos años en cuanto al pago de principal e intereses, que se acumula al principal a los dos años, y luego -con perdón de la expresión- la bomba, señora secretaria general: la elevación de las tarifas que se autoriza en esta disposición cuadragésima primera no puede acordarse hasta la próxima legislatura. ¡Qué casualidad! Es decir, en la próxima legislatura, cuyo resultado electoral no podemos aventurar -y evidentemente puede ser que no gobierne el Partido Socialista-, habrá una subida de los peajes de las radiales de Madrid que ustedes acuerdan hoy, ponen dos años de carencia en cuanto al pago de unos préstamos participativos que dan hoy y la subida de las tarifas correspondientes a eso es para el año 2012. Me deja sin palabras. No tiene explicación ni justificación que ante una decisión que podrá ser más o menos acertada pero que también es verdad que es imprescindible para solventar el sistema concesionario español nosotros tengamos que ver hoy cómo ustedes no la van hacer con su Gobierno, sino que se la dan al Gobierno próximo, sean quienes sean los que estén en el Gobierno, porque será el Gobierno que salga de las próximas elecciones generales. El Partido Popular en absoluto va a admitir la vigencia de estas dos disposiciones adicionales".

Y por lo visto el hombre se lo creyó (debía ignorar que ya estaba todo cocinado) y presentó las enmiendas 84 y 85 a dicha ley de presupuestos.

Dichas enmiendas pedían la supresión de las referidas disposiciones adicionales, dando como justificación que:

"Los presupuestos de 2010 no pueden contener disposiciones que sustraigan liquidez de la capacidad inversora del Estado.

La disposición adicional, supone una pérdida de tesorería no productiva, un anticipo a las obligaciones de pago del Estado, y posponer a la próxima legislatura decisiones antisociales que se deciden en estos Presupuestos y que vinculan al Estado.

Por tanto, el Gobierno deberá solventar los problemas que generen tanto el pago de las expropiaciones en las autopistas de peaje para el restablecimiento del equilibrio concesional, como de las érroneas adjudicaciones de los contratos de autovías de primera generación por procedimientos distintos a los previstos en esta disposición adicional".

Dejamos para otros días explicar como se hicieron dichas disposiciones adicionales todavía más insoportables con el acuerdo de esos tres que, como el Supremo Hacedor, son uno y trino (PP-PSOE-CIU).

Ignoramos la cara que se le debió quedar a Andrés José Ayala Sánchez  pero debió superarlo facilmente... pues vuelve a ser en esta legislatura, honorable diputado de tan honorable partido...