jueves, 14 de octubre de 2010

Allá por 1856...

"El Gobierno, ya sea por cálculo para promover los intereses generales del país, ó por miras politicas, emprende grandes obras públicas en localidades ó provincias determinadas, y por lo mismo que su coste procede del presupuesto del Estado, ó sea de toda la nación, las demás reclaman á su vez igual beneficio, piden la ejecución de otras obras, quizá no siempre necesarias, como pudieran serlo las primeras, y el prinicipio de equidad ó las influencias puestas en juego y armadas de tan poderoso elemento obligan al poder central á ceder muchas veces á pesar de sus convicciones, autorizando el empleo de los capitales, propios ó extraños, en obras improductivas muchas veces, é inútiles tambien, en localidades pobres ó atrasadas que no pueden alimentar la circulación de una carretera de primer orden, donde habría bastado un camino vecinal. Si las pretensiones locales vienen apoyadas por poderoso influjo de sus Diputados á Córtes, es evidente cuán difícil les será resistirlas, por poco atendibles que sean, á un Gobierno que vive del apoyo de esos mismos Diputados. No es garantía bastante para impedir el mal que lamentamos el que cada obra pública sea objeto de una ley, pues siempre que los de la provincia, guiados de su amor al país que representan, y persuadidos  sin duda de los beneficios que al mismo le van á dispensar, solicitan el apoyo de otros Diputados de otras provincias del reino, lo encuentran sin dificultad, con la condicion tácita de que ellos apoyarán á su vez en circunstancias análogas semejantes pretensiones."
(Extraído de la Memoría sobre el Estado de las Obras Públicas en España, redactada en el año 1856 por la Dirección General de Obras Públicas).

Pensábamos hacer referencia a lo poco que hemos cambiado desde entonces (antes eran las provincias ahora las comunidades autónomas) pero no es verdad, hoy sería inimaginable que en la Memoria de cualquier Dirección General se explicaran las cosas tan a las claras...