Llegan en una época de crisis como no hemos conocido con unas carreteras muriéndose a trozos y resulta que antes de rehabilitar los firmes o eliminar tramos de concentración de accidentes, la prioridad (a ello dedican un 20 % del presupuesto de carreteras) es ponerse al día en el pago de las expropiaciones...
"Creemos en la continuidad institucional en la Administración pública y, por tanto, nos parece —yo al menos fue lo que estudié en la Universidad de Derecho y luego en mis temas de oposición— que la expropiación es un derecho exorbitante de la Administración pública y que esa privación de la propiedad tiene que ir asociada al pago del justiprecio. Por tanto, si desde el año 2007 hay personas que están esperando a recibir, no ya los 600 millones de euros que hemos dotado este año, sino bastante más, 725 —que es el crédito en números redondos que tiene la Dirección de Carreteras pendiente de pago de expropiaciones—, nos parecía de justicia hacerlo y hacerlo ya. Por lo tanto, hay que atender esas situaciones, que a lo mejor no son economía productiva en términos de inversión y de adjudicación de obra, pero yo creo que son una buena inyección de recursos a la economía real. En consecuencia, en términos de recuperación de actividad económica, los 600 millones de euros que el Estado va a pagar a las personas con las que tiene una obligación contraída hace ya unos cuantos años, sin duda van a tener impacto económico". (palabras del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de abril (formato PDF)).
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